Megaestafa inmobiliaria: procesaron al clan L’Abbate y les decretaron la quiebra

El clan familiar acusado de estafas en desarrollos en pozo sumó nuevas denuncias y enfrenta la quiebra judicial de su principal fiduciaria inmobiliaria. El clan L’Abbate, liderado por Vito Antonio L’Abbate junto a sus hijos y un apoderado, recibió dos nuevos reveses judiciales. La jueza Paula González amplió el procesamiento por asociación ilícita y estafa, que ya incluye 85 denuncias, y el Juzgado Comercial N°26 decretó la quiebra de Induplack Fiduciaria, una de las estructuras clave de su negocio inmobiliario. Todos permanecen con prisión preventiva e inhibición general de bienes.
Bautizados en Tribunales como “los Cositorto de los departamentos” por replicar un esquema de estafas en desarrollos en pozo, los L’Abbate captaron fondos durante más de una década mediante fideicomisos y promesas de entrega de viviendas que nunca se concretaron. La firma Induplack llegó a ofrecer más de una docena de proyectos en distintos barrios porteños con cuotas accesibles, dirigidas a pequeños ahorristas. La causa, instruida por la fiscal Mónica Cuñarro, ya incluye al menos 85 denuncias y más de 80 querellantes. Las víctimas señalan que Induplack ofrecía departamentos en construcción con cuotas pesificadas a pequeños inversores, a través de fideicomisos que prometían entregas en plazos breves.
Las obras se presentaban como oportunidades de acceso a la vivienda propia, con presencia en barrios como Flores, Caballito, Balvanera, Liniers y Palermo.
Según la acusación, el grupo inició su actividad en 2012. Desde entonces, al menos 13 desarrollos fueron comercializados sin que las obras se hayan ejecutado o finalizado. En muchos casos, la misma unidad fue vendida más de una vez. Actualmente, la fiduciaria registra deudas por cheques rechazados que superan los 114 millones de pesos.
Embargos
La ampliación del procesamiento incluye embargos por cifras millonarias y la confirmación de un esquema organizado para captar fondos y no cumplir con los contratos. En abril, la Justicia ya había dictado un embargo de 905 millones de pesos y ordenado la detención de los principales acusados. Esa decisión se sumó a un procesamiento anterior confirmado por la Cámara del Crimen, con otro embargo que superó los $700 millones.
Durante su descargo, Vito y Emanuel L’Abbate intentaron justificar la creación de múltiples sociedades. Afirmaron haber atravesado un default de 14 millones de dólares en 2018 y aseguraron que evitaron presentarse en concurso porque “todos pierden”. En cambio, dijeron haber seguido adelante con nuevas empresas para terminar las obras.
Esa estrategia no convenció al juzgado. La resolución comercial que decretó la quiebra de Induplack Fiduciaria también ordenó la inhibición general de bienes de todos los integrantes del grupo, la designación de un síndico y la notificación en el Boletín Oficial. Se prohibió la salida del país del patriarca, aunque esa medida no tiene efecto inmediato, ya que permanece detenido. El esquema utilizado por el clan L’Abbate resultó en una serie de denuncias por estafa en masa, falta de entrega de unidades, y evasión sistemática de controles registrales. En algunos edificios, la cantidad de compradores superaba el número de departamentos disponibles, con casos donde 48 unidades contaban con más de 90 presuntos propietarios.
La maniobra incluía una multiplicación de sociedades comerciales utilizadas para recibir fondos, distribuir responsabilidades y evitar sanciones. Entre 2008 y 2019 se crearon al menos 20 firmas ligadas al grupo. La fiscalía sospecha que esa estructura buscaba impedir embargos efectivos y diluir las responsabilidades civiles y penales.
Damnificados
Entre los damnificados aparecen familias que, tras años de ahorro, decidieron invertir en un departamento en cuotas. Muchos de ellos nunca vieron avances en la obra ni lograron recuperar el dinero entregado. La falta de escrituración, combinada con la inexistencia de los inmuebles ofrecidos, profundizó el perjuicio económico.
Con esta nueva resolución, la causa se consolida como una de las mayores estafas inmobiliarias de la última década en el país. El colapso de Induplack deja una estela de víctimas, deudas impagas y un esquema que replicó prácticas similares a las de conocidos casos de estafas piramidales, lo que le valió al clan su apodo en Tribunales: “Los Cositorto de los departamentos”.
En Instagram, donde Induplack reunía más de 15.000 seguidores presentando sus obras “en desarrollo”, aparecieron cuentas como “Estafados por Induplack” o “Induplack miente”, gestionadas por los propios damnificados para visibilizar la trama (ya suman casi 10.000). Ese espacio virtual permitió compartir testimonios de inversores cuyos departamentos nunca se construyeron o fueron revendidos múltiples veces. A menudo describieron que al exigir explicaciones las respuestas eran evasivas o simplemente desaparecían las comunicaciones, confirmando el abandono del proyecto sin posibilidad de recuperación del capital entregado.
Varias de esas cuentas recopilaron cifras que coinciden con la investigación judicial: doce años de actividad, más de 30 proyectos anunciados, promesa de “800 unidades entregadas” y desarrollos que permanecieron sin comenzar o paralizados. Muchas víctimas compartieron capturas de pantalla de promesas de entrega, boletos de compraventa y conversaciones con representantes de Induplack que luego quedaron sin respuesta. Cerca de 300 personas se reconocen afectadas, varias crearon grupos de WhatsApp donde intercambian detalles de sus pérdidas y reclamos legales en curso.
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