Investigan la “desaparición” del “arrepentido” de la causa sapucay

Investigan misteriosa desaparición de capo narco “arrepentido”
Había declarado contra traficantes, policias y en causa de alto voltaje político en Corrientes. Dudas sobre aparente fuga de prision domiciliaria.
Un escape cinematográfico en medio de un tiroteo con la policía. Tres años prófugo. Recompensa millonaria para encontrarlo. Una recaptura y tres condenas a 12 y 8 y 6 años de prisión pendientes de unificación. Reincidencia en múltiples delitos y causas abiertas en varias provincias del país. A pesar de todos estos antecedentes, el capo narco Federico “Morenita” Marín declaró como arrepentido en la causa contra el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila y se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.
Durante el feriado de carnaval, “Morenita” dijo que tenía hemorroides sangrantes y pidió permiso para ir a atenderse al hospital. Todo era mentira. Desde hace tres días, la tobillera electrónica alertó que Marín nunca fue al hospital y, por supuesto, tampoco volvió a su domicilio donde pasaba sus días de detención junto a su pareja y sus cuatro hijos.
Desde el martes pesa sobre las espaldas de Morenita una orden de captura de Interpol y la preocupación del Tribunal de ejecución número 3 por el paradero y la suerte del jefe narco. Es porque había declarado como imputado colaborador en la causa por narcotráfico de alto voltaje político que cursa en la provincia de Corrientes, en la que están sentados en el banquillo un juez federal, un intendente, abogados, exfuncionarios y narcotraficantes. Los dichos de Marín como arrepentido fueron el puntapié para detener, entre otros, a dos efectivos policiales.
Se trata de la misma causa en la que Aníbal Ibarra, exjefe de Gobierno porteño y abogado de uno de los imputados, había denunciado que los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) usaron durante el gobierno de Mauricio Macri a uno de los narcos de la banda como testigo encubierto para complicar la situación de los acusados en lugar de imputarlo. “Disfrazaron a un narco de testigo”, dijo Ibarra en su presentación. Los señalados eran los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona, quienes negaron los señalamientos y fueron ratificados por el Tribunal de juicio. Uno de ellos, Iglesias, es el mismo fiscal que dictaminó a favor de la domiciliaria de Morenita.
Hubo numerosas audiencias en el marco de todas las causas abiertas contra él en las que se discutió si otorgarle o no el beneficio. Es porque la ley de imputado colaborador obliga al Estado a proteger a los arrepentidos, pero un cambio en la normativa impide que esa protección sea dentro de las cárceles. Los imputados colaboradores deben ser albergados en un lugar reservado y el Estado se hace cargo de la manutención por seis meses y luego debe garantizar el acceso al trabajo. En el caso de Morenita, todas las instancias judiciales en todas las causas fallaron a favor de la domiciliaria (salvo en la que cursaba en la provincia de Chaco donde se la rechazó en primera instancia y luego revocó Casación) porque su esposa estaba sola con los cuatro hijos y necesitaba a Marín en la casa para ella poder salir a trabajar.
Así, en noviembre del año pasado se le otorgó el beneficio a un narcotraficante que había declarado contra colegas y funcionarios. Sin el poder y el dinero que supo ostentar con el tráfico de marihuana en Itatí y con enemigos en varios frentes por su declaración como arrepentido, fuentes de la investigación temen por la suerte del imputado y dicen que pierde fuerza la idea de un escape.

Desde el martes se desconoce el paradero de Morenita. Una hipótesis indica que pudo haber cruzado la frontera a Paraguay, pero los investigadores advierten que ya no goza de socios y aliados en el país vecino, más bien todo lo contrario.
El juicio en el que declaró como colaborador Morenita está en marcha desde el pasado 21 de junio y se acerca a la etapa de alegatos. Están imputados junto a parte de la banda que vendía estupefacientes, el exjuez federal 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila y sus exsecretarios penales Federico Grau y Pablo Molina, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas para beneficiar a los narcotraficantes.
El condimento político que siembra un gran manto de sospecha sobre el expediente es que Dávila asegura que la causa fue armada en su contra por los fiscales a los que señala como cercanos al entonces gobierno de Cambiemos. El telón de fondo del supuesto armado, según los acusados, fue la intención por parte del entonces gobierno de Macri de quedarse con un juzgado clave de Corrientes, con competencia electoral.
La fiscalía niega el supuesto armado y asegura que el material probatorio que compromete a los funcionarios es contundente. Forman parte de lo recabado numerosas escuchas telefónicas; día, lugar y hora de encuentros para pagar coimas; chats y declaraciones de los arrepentidos que -aseguran los investigadores- “cerraron el círculo” y le dieron sentido a varias de las conversaciones entre los narcos y los otros imputados.
Ahora, la desaparición de Morenita se posiciona como un nuevo elemento inquietante en la trama del juicio que tiene en vilo a la política y a la justicia correntina. El próximo 6 de marzo se retoman las audiencias y el hecho será llevado al debate por las defensas. Los abogados e imputados dirán al Tribunal que temen por su seguridad.
Por Sofía Caram, ambito.com