Fallo judicial contra el decretazo y la estrategia de Barra
La Cámara en lo Contencioso Administrativo respalda que no tramite como proceso colectivo
Otro golpe contra la estrategia del gobierno para defender el decretazo
El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quería concentrar todas las impugnaciones en ese fuero, pero los tribunales no le dan la razón.
El gobierno de Javier Milei volvió a fracasar en su estrategia judicial. El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quería concentrar todos los reclamos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 en el fuero contencioso administrativo, que son los tribunales que él mejor conoce. Pero la Cámara –integrada por Carlos Greco y Sergio Fernández– le propinó este miércoles un fuerte golpe a esa estrategia: los jueces rechazaron la apelación que había presentado el Poder Ejecutivo contra la decisión de desarmar el proceso colectivo.
El 22 de diciembre pasado, el juez Esteban Furnari resolvió tramitar como un amparo colectivo la acción que habían iniciado el economista Claudio Lozano junto con la CTA Autónoma, ATE y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad. La decisión le venía bien al gobierno de Milei porque desde allí podría ejercer una defensa única del DNU.
Sin embargo, entrada la feria, el juez que quedó al frente del caso, Enrique Lavié Pico, desarmó ese proceso colectivo y dijo que cada amparo debería tramitar en el tribunal en el que fue presentado. Barra apeló esa decisión, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó su recurso y dijo que había “ineptitud recursiva.”
Los camaristas Grecco y Fernández criticaron la resolución de Furnari de armar un proceso colectivo. Dijeron que fue una “decisión intempestiva” cuando el DNU aún no estaba siquiera en vigencia. También tildaron la resolución de “apresurada e incorrecta”.
Al gobierno nacional no le fue mejor con las críticas de la Cámara. Entre otras cosas, le dijo que, en un momento, sostenía que debía tramitarse como una acción colectiva y en otro momento, no. “La accionada ha asumido una conducta procesal que –cuanto menos– resulta contradictoria, errática, que se trasunta en un dispendio de la jurisdicción y que conculca el principio de la buena fe procesal; pues nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior”, escribieron Grecco y Fernández.
“No se explica cuál es el gravamen que le causa al Estado Nacional que, en resguardo de los principios de jurisdicción, competencia y especialidad establecidos en las normas procesales, se preserve la intervención propia de los tribunales competentes para conocer en cada una de las vastas materias de las que se ocupa el DNU 70/2023. Ello así, más allá de que pudiere corresponder a las competencias de los respectivos fueros que eventualmente intervengan, la posibilidad de tramitar procesos colectivos donde se unifiquen acciones sobre un mismo tema o cuestión”, añadieron.
Barra pidió también que el fuero contencioso administrativo atraiga el amparo que inició la CGT contra el DNU. Esa causa tramita en el fuero laboral, que fue el primero –a través de su Cámara de Apelaciones– en dictar una cautelar que suspende el capítulo del megadecreto que desflexibiliza el mundo del trabajo.
Sin embargo, tampoco obtuvo buenas noticias en ese frente. El fiscal Fabián Canda –que actúa ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo– dictaminó que la causa de la CGT debe continuar en el fuero laboral.
A principios de la semana, Barra se llevó otro tirón de orejas de la Cámara del Trabajo porque él presentó un recurso extraordinario con miras a que la Corte Suprema deje sin efecto la cautelar que consiguió la CGT. Sin embargo, se olvidó de acompañar los papeles que acreditan que los abogados de la Procuración del Tesoro pueden actuar en el caso. Ese percance demoró el trámite para que el asunto escale hasta el máximo tribunal, que ya había hecho saber que no analizará las impugnaciones contra el megadecreto hasta febrero.
Por Luciana Bertoia.
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