La desregulación de obras sociales que enojó a las prepagas

El gobierno nacional confirmó que reglamentará el apartado referido a la desregulación de las obras sociales que está dentro del mega DNU 70/2023. Según Adorni, ahora los trabajadores podrán derivar sus aportes a una obra social sindical o a una empresa de medicina prepaga.

Durante toda la jornada se consideró la medida como una nueva “revancha” contra la CGT. Sin embargo, y con el correr de las horas, la decisión anunciada parece complicar más a las empresas de medicina prepaga que a las obras sociales sindicales. Una pista la dio el secretario de Acción Social de la central obrera, José Luis Lingeri, que advirtió que lo anunciado por Adorni llevará a las prepagas a tener que cumplir con las obligaciones que exige la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), como garantizar a sus afiliados el Programa Médico Obligatoria (PMO), y además “tendrá que aportar el 20 por ciento al Fondo Solidario de Redistribución (FSR)” que lo hacen las obras sociales sindicales.

Es por eso que en el mundo gremial, la medida fue tomada como algo que complica más a las privadas que a las sindicales. Puede ser que esto en realidad sea un tiro por la culata ya que las prepagas dejaron trascender que ante estos anuncios visualizan dos alternativas: nuevos aumentos en las cuotas o recurrir a la justica para frenar estos cambios que se dicen inminentes.

“Durante décadas esto no pudo ser así ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener la actividad o el sindicato al que pertenecían, así que esto les va a dar mucha más libertad”, señaló Adorni en su conferencia de prensa matutina. Lingeri, titular del gremio de los trabajadores de Obras Sanitarias, afirmó —en diferentes entrevistas radiales— que este proceso que ahora el funcionario libertario destaca como inédito, en rigor comenzó en los años 90. Es más, señaló que lo que en realidad dijo Adorni es el fin de la obligación para todo trabajador que recién se inicia de estar un año en la obra social del gremio que le corresponde por la actividad laboral.

En este contexto, Lingeri dio algunos datos a tener en cuenta con respecto a la novedad que piensa aplicar la Casa Rosada. Sostiene que al igualar ahora la prestación de una privada con una obra social gremial, las prepagas deberán “aportar el 20 por ciento al Fondo Solidario de Redistribución (FSR)”. Se trata de un fondo que alimentan las obras sociales y que en su mayor cantidad está destinado a solventar los servicios brindados a afiliados discapacitados.

Lingeri señala que las prepagas “van a tener que cubrir prestaciones de alto precio, la discapacidad, medicamentos, HIV, oncológico, trasplante, diabetes, una serie de patologías”.

Hay un dato más que los dirigentes sindicales advirtieron sobre la tan meneada desregulación. Advierten que para cumplir con el PMO, las obras sociales se nutren del 9 por ciento de lo que aporta cada trabajador. Ahora bien, en el caso un salario que en este contexto se podría llegar a considerar alto, unos 700 mil pesos, el aporte no llega a los 70 mil pesos. “No hay prepaga que te cubra el PMO por ese monto”, señaló un dirigente gremial a este diario.

En cuanto al universo que incluye la cobertura de salud tanto de obras sociales sindicales como prepagas, Lingeri destacó que de los 15 millones de trabajadores con cobertura en salud, “las obras sociales tienen siete millones, el PAMI cubre cinco millones y medio, las prepaga otros cinco millones, pero de esos cinco millones casi el 85 por ciento proviene de las obras sociales, o sea que la prepaga en sí debe tener alrededor de 2 millones de afiliados. Ahora, lo que se rompe con este esquema es la triangulación, que también es un tema que la CGT lo ha planteado continuamente”.

Es más, esta ruptura del esquema de triangulación recogió más de un apoyo entre los dirigentes gremiales porque ahora la prepaga tendrá que recibir todo tipo de aportante y no solo aquellos más jóvenes y sin patologías preexistentes. “Ahora hay que ver si las prepagas aceptan incorporarse al régimen de competencia con las obras sociales”, indicó Lingeri para luego destacar que “el problema de fondo es el desfinanciamiento total de todo el sistema de salud, no solamente en las obras sociales, también el hospital público, en las obras sociales provinciales, en el IOMA, PAMI. O sea, es la sábana corta”.

Las prepagas
Hacia el final de la jornada, las prepagas dejaron trascender el malestar que generó el anuncio de la Rosada. La sola idea de tener que aportar al FSR ya provocó entre los que conducen las principales empresas de medicina privada la posibilidad de aumentar aún más las cuotas a sus clientes.

La otra alternativa que visualizan es recurrir a un amparo judicial para frenar estos cambios porque, dicen, que este porcentaje implicaría de hecho aplicarles un nuevo impuesto.

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