El fiscal en su laberinto
En octubre de 2023, dos militantes radicales presentaron sendos amparos contra los decretos de Capitanich 28, 1453, 2118, 2244 y 2656 que establecían un sistema de concursos para regularizar la situación de revista del personal precarizado y de los contratados de servicio de la administración pública provincial. Inmediatamente el fiscal de Estado Roberto Alejandro Herlein impulsó una acción de inconstitucionalidad contra uno de ellos, el 2656 referido a los contratados de servicio.
El funcionario defendió la medida argumentando que 1) era su obligación, tal como lo establece el Artículo 174 de la Constitución Provincial, y 2) sólo estaba atacando el decreto 2656, pero a los otros -28, 1453, 2118 y 2244- iba a defenderlos. Y así lo hizo el organismo a través de una “contracautelar”. Vale decir que desde la óptica de la Fiscalía, que es autónoma de los tres poderes del Estado y contralor de su legalidad administrativa, esos decretos gozaban de plena legitimidad. Chiche bombón.
Unas semanas más tarde los decretos fueron ratificados por dos leyes provinciales (una para los concursos de precarizados, otra para los de personal de servicio). Jorge Capitanich las promulgó. Esa fue la razón por la que el procurador Jorge Canteros, cuando tuvo en sus manos la acción de inconstitucionalidad que había promovido Herlein contra el decreto 2656, le recomendó al STJ rechazarla por tornarse abstracto su objeto, toda vez que una ley provincial posterior -que no había sido cuestionada por inconstitucional- “saneaba” el proceso validando los decretos (el antecedente sobre ese punto lo había establecido el propio STJ en 2007, con los pases a planta firmados por el exgobernador Roy Nikisch).
Meses después, siguiendo el involuntario consejo del procurador Canteros, los asesores legales de Zdero propusieron poner en duda no ya los decretos sino la constitucionalidad misma de la ley 3946-A, la de los contratos precarios. Así que el viernes pasado el gobernador instruyó a Herlein para promover una acción de inconstitucionalidad y una cautelar contra esa ley.
El problema es que, como dijimos, esa ley ratifica los decretos que él mismo había defendido el año pasado. De donde se sigue que Herlein haría bien en oponerse a la “instrucción” de Zdero, así como se opuso al decreto de Capitanich, porque si en octubre estaba defendiendo el patrimonio provincial al hacerle el aguante en sede judicial los decretos 28, 1453, 2118 y 2244, mal podría en abril intentar desbaratar la ley provincial que los cristaliza.
Dicho esto, los fundamentos del último decreto de Zdero -el que instruye a Herlein a ir contra la ley- abundan en tantas explicaciones que al final incurren en contradicciones todavía más pavotas.
No sólo olvidan el principio de continuidad del Estado al culpar a la gestión anterior de la precarización laboral, sino que mientras violan dos leyes, se escandalizan por “la transgresión a la normativa vigente”. O bien critican que esas leyes fueron votadas “únicamente por la mayoría legislativa circunstancial” del Frente Chaqueño y sus aliados, pero luego defienden a capa y espada la designación de representantes para el Consejo de la Magistratura en una sesión sin quórum.
En opinión de este cronista, el fiscal de Estado fue víctima de alguna de estas tres cosas, o de una combinación de las tres: torpeza, militancia zderista desvergonzada y/o sed de protagonismo. Al lanzarse al ruedo contra uno de los decretos de Capitanich en plena ebullición política poselectoral, se pegó un tiro en el pie.
Por un lado, terminó con la acción de inconstitucionalidad en la papelera de reciclaje (¡no podía estar tan en babia como para no saber que los proyectos estaban tomando estado parlamentario, y su aprobación al caer!).
Por otro lado, teniendo en cuenta que Zdero había dado señales de que iba a suspender los efectos de los decretos de Capitanich, no había peligro en la demora, había tiempo de sobra para evaluar el mejor camino a seguir.
El atolondramiento de fin de año lo pone en el incómodo predicamento de tener que reconocer que metió la pata el año pasado, o en la también incómoda situación de enfrentarse en los tribunales al gobierno con el que tan elocuentemente quiso congraciarse desde antes de asumir.
Como decía un compinche: “Hay gente que abre la heladera y se pone a dar declaraciones”. La fama cuesta.
Por CRISTIAN MURIEL