El “nuevo chiche” de Patricia Bullrich

Cada semana Patricia Bullrich se las ingenia para generar noticias que la mantengan en el candelero. Ahora publicó una resolución para volver a implementar el polígrafo, conocido como “detector de mentiras”, dentro de las fuerzas de Seguridad. Es decir, como método de control de sus agentes o para habilitar su ingreso en áreas que “conllevan una exigencia de alto riesgo y confiabilidad”. Es presentado como un método para probar “integridad” y “confianza”. Lo había usado en su gestión anterior con el gobierno de Mauricio Macri, pero en 2020 fue descartado por la exministra Sabina Frederic por ser “lesivo de derechos y garantías individuales y por trasuntar una forma de cosificar a la persona humana contraria a su dignidad”. Otra razón fue que carece de fiabilidad científica probada. En la misma línea lo había eliminado también en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) la ex interventora Cristina Caamaño.

Bullrich y el resto del mundo
Un polígrafo es una valijita con un dispositivo que tiene cables con terminales o sensores que se adhieren al cuerpo de una persona interrogada y que mide sus reacciones corporales (el ritmo cardíaco, respiración, la presión sanguínea y la transpiración) para determinar si miente o no. Bullrich justifica en la resolución 402/2024 que lo quiere reponer para generar un “control de la integridad de las fuerzas policiales y de seguridad”, con particular interés en los “cuerpos especiales para combate contra el narcotráfico, investigaciones o inteligencia en cualquiera de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales o el cuidado de los internos de alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal”, “por la sensibilidad de sus misiones”.

Entre los argumentos dice que se inspira en que el polígrafo es usado “agencias de inteligencia, de seguridad y policiales, y sectores privados en más de noventa países”. Pone como ejemplo Honduras, Ecuador, México y apunta que en Estados Unidos son usados por el “US Secret Service (Servicio Secreto), el FBI, la CIA, la DEA, las policías locales, fiscalías, entre , entre otros, así como por gabinetes privados de investigación. Afirma que es “una de las técnicas de evaluación forense de credibilidad que cuenta con trayectoria empírica a investigativa verificable” para “la detección del engaño”.

La Corte Suprema estadounidense, en rigor, prohibió el polígrafo en 1998 como evidencia en casos judiciales, pero dejó a criterio de cada Estado usos limitados. Sí lo podría pedir, por ejemplo, la defensa de alguien para reforzar su estrategia, a sabiendas de que no se lo toma como prueba concluyente. Los jueces supremos sostuvieron en aquel entonces que “no hay consenso acerca de que la evidencia obtenida con el polígrafo sea confiable”. Las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, es cierto (como dice la ministra), lo siguen utilizando. Sin embargo hay historias célebres de otros países que burlaron al polígrafo y se infiltraron en la CIA como Aldrich Ames (que trabajó para la Unión Soviética); Karel Koecher (checoeslovaco); Larry Wu-Tai (espía chino); Leandro Aragoncillo (que trabajó para Filipinas y Francia) y se metió en la Casa Blanca hasta 2005.

En la mayoría de los países europeos el uso de la también llamada “máquina de la verdad” es muy acotado. Cuando la exministra Frederic dejó sin efecto el sistema de polígrafos implementado por Bullrich, recordó el pronunciamiento de tribunales de España, Italia, Alemania y jurisprudencia francesa que señalaban la vulneración de derechos, el desprecio a la “personalidad humana”, que se trata a las personas como “animales de laboratorio” y algunos lo describían como forma de tortura. Con estos y otros antecedentes planteaba la dudosa legalidad. Bullrich, una vez más, en su resolución critica a su antecesora y dice que por la prohibición del polígrafo hubo “una limitación de ejecución de pruebas que aporten valiosa información para la evaluación de la integridad, ética y transparencia de los funcionarios” de las fuerzas.

¿Quién lo aplicaría?
La resolución de Bullrich dice que prevé “la conformación de un equipo capaz de llevar adelante pruebas de polígrafo”, dentro de una unidad especial, que estará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Transparencia e Integridad. Esa dependencia “podrá convocar personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” para hacer las pruebas en cuestión y les dará capacitaciones para que lo hagan “con profesionalismo”. Los fundamentos dicen que someterse a las pruebas poligráficas es “optativo”, pero si alguien quiere entrar a “determinados grupos y equipos o cumplir determinadas funciones” tiene que hacerla.

No es un tema menor quién es el o la “especialista” que toma las pruebas en cuestión. Durante la gestión previa de Bullrich el área que debía ocuparse de interrogatorios con el polígrafo se llamaba Dirección de Ejecución de Pruebas de Integridad y estaba a cargo del actual Diputado del PRO Damián Arabia, quien suele decir que encontró utilidad en el método. De él dependía un grupo de poligrafistas que habrían sido capacitados. Se preveía su aplicación a los Grupos Operativos Conjuntos de Investigaciones contra el Narcotráfico, porque se les exigía la prueba para hacer un curso en Cuantico USA. Se compraron cuatro polígrafos y la gestión de Frederic encontró irregularidades: un informe dice falta documentación de la compra y que no hay evidencia de que se hayan usado y comprobado previamente su operatividad. La exministra quiso venderlos pero no encontró interesados.

La experiencia en la AFI previa al gobierno de Alberto Fernández no es muy feliz. Caamaño eliminó los tests por ser “intimidatorios” y “violar los derechos humanos, no permiten defenderse”. Había interrogatorios que duraban hasta cinco horas. El detector de mentiras era manejado, cuentan exallegados al organismo, por un nutricionista que falleció, y también lo habrían hecho la hija del exespía Luis “Pinocho” González (quien fue investigado por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti junto con el grupo de Patricio Finnen) y una psicóloga de la familia del ministro Luis “Toto” Caputo. Las capacitaciones se hacían en México y costaban unos 50.000 dólares.

Nada bueno bajo el sol
“No hay evidencia científica alguna sobre su validez como tal, no está probado que identifique a quienes ‘mienten’ y menos a los mitómanos”, explica Frederic a Página/12. “Ninguna de las policías que lo usan han probado ser profesionales, ni la policía de Honduras, ni la de México, por mencionar los ejemplos citados en la resolución, son a la luz de las tasas de homicidios y delitos, mejores policías que las nuestras”, agregó. La exministra observa que si bien se establece que el polígrafo será voluntario “negarse sería causal de desconfianza, sobre todo en un régimen jerárquico como el policial, por consiguiente no es optativo y sí violatorio de derechos humanos”. A la vez, enfatiza, “desconfía y atenta contra todo el sistema de formación, capacitación, y el régimen disciplinario que construye y sostiene las relaciones de confianza en el seno de los cuerpos orientados a la persecución de delitos complejos y la prevención del delito”.

Caamaño señala que “el regreso del polígrafo puede ser por circo, no es un método científico”. “Quiero ver si te agarran dos policías y te llenan de cables si no te vas a poner nerviosas y a transpirar y a decir cosas que no querés decir”, ilustra en forma coloquial. Es para relatar que en la AFI “hubo casos de hombres que terminaron confesando que tenían un amante porque no sabían que más decir, y mujeres que contaron que fueron abusadas y ni su familia lo sabía”. “Tal vez este anuncio –advirtió– pueda pueda ser también para hacer negocios, no lo descartaría”.

Por Irina Hauser

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